La causa contra Álvaro García Ortiz deriva de la difusión de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución sin precedentes en nuestro país: el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido declarado culpable por haber revelado información reservada relativa a Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según la Sala, García Ortiz accedió a esos datos en virtud de su cargo y decidió hacerlos públicos, algo expresamente prohibido por la ley.
La información filtrada hacía referencia a que González Amador habría cometido un fraude fiscal. El Fiscal General tuvo conocimiento del asunto tras recibir un correo electrónico filtrado en el que el propio González Amador reconocía ese fraude. A raíz de ello, redactó una nota informativa que fue difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, exponiendo públicamente estos hechos.
La actuación del Fiscal General vulneró el artículo 417.1 del Código Penal, que impide a cualquier funcionario revelar secretos conocidos por razón de su función. La imputación llegó meses después, en octubre de 2024, y el proceso judicial ha continuado hasta hace pocos días, cuando concluyó la vista oral.
Se trata de un hecho histórico: nunca antes, durante la etapa democrática española, se había procesado y condenado a un Fiscal General del Estado en activo.
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¿En qué consiste la condena y qué ocurrirá ahora?
Aunque la sentencia completa aún no se ha hecho pública, el Tribunal Supremo ya ha avanzado las líneas principales del fallo. García Ortiz deberá pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 € —lo que suma un total de 7.200 € — y quedará inhabilitado para desempeñar su cargo durante dos años. A ello se añaden las costas judiciales y una indemnización de 10.000 € a González Amador por los daños morales provocados.
Tras esta decisión, García Ortiz queda apartado de forma inmediata de sus funciones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que «en los próximos días se activará el procedimiento legal» para designar a un nuevo Fiscal General.
Reacciones políticas ante la condena del Fiscal General del Estado
El fallo ha generado un notable impacto en el panorama político, tras el que también provocó hace unos días la dimisión de Carlos Mazón. Tanto el Partido Popular como Vox han exigido la dimisión del presidente Pedro Sánchez por mantener a García Ortiz en el cargo pese a su imputación. «Debe pedir perdón, dimitir y convocar elecciones», ha manifestado la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha subrayado la repercusión internacional del caso, afirmando que la prensa extranjera refleja la gravedad de que «se utilicen los recursos del Estado para hacer política mediante actuaciones delictivas, afectando además a un particular».
